La reciente información difundida por la Cadena SER sobre el respaldo mayoritario a limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales no es una anécdota mediática. Es el reflejo de una preocupación social que lleva tiempo creciendo y que, desde el ámbito policial, vemos materializarse cada semana en situaciones reales.
Cuando una parte significativa de la población apoya un “apagón digital” para menores, no está reaccionando a una moda ni a un titular alarmista. Está reaccionando a experiencias concretas: conflictos familiares constantes por el uso del móvil, menores expuestos a dinámicas de humillación pública, chantajes sexuales, aislamiento progresivo o deterioro del rendimiento escolar. La percepción social se alimenta de vivencias directas.
Desde la perspectiva policial, el debate no puede simplificarse en términos de prohibir o permitir. La cuestión central es otra: estamos hablando de entornos diseñados para maximizar la permanencia del usuario, y quienes más tiempo pasan en ellos son precisamente quienes menos herramientas emocionales tienen para gestionarlos.
Las redes sociales no son neutrales. Funcionan mediante algoritmos que priorizan el contenido que genera más interacción, más impacto emocional y, en muchos casos, más polarización.
El menor no compite en igualdad de condiciones frente a un sistema diseñado para captar su atención. Cuando se habla de adicción digital, no se está utilizando una metáfora exagerada; se está describiendo un patrón conductual observable.
El apoyo ciudadano a restricciones de edad refleja una intuición colectiva: la infancia necesita protección en los espacios donde su desarrollo puede verse comprometido. En el mundo físico, nadie discute la necesidad de límites claros. En el entorno digital, sin embargo, la regulación ha llegado tarde y la supervisión familiar a menudo se ha visto desbordada por la rapidez tecnológica.
Ahora bien, convertir este respaldo social en una solución eficaz requiere prudencia. Prohibir sin educar no resuelve el problema de fondo. La medida puede reducir la exposición temprana, pero si no va acompañada de formación en pensamiento crítico, gestión emocional y acompañamiento familiar, el menor llegará a los 16 sin haber desarrollado herramientas sólidas.
En el trabajo diario se observa un patrón común: los conflictos graves rara vez empiezan con un gran delito. Empiezan con pequeñas normalizaciones. Un perfil abierto demasiado pronto. Un grupo privado sin supervisión. Una imagen compartida sin comprender las consecuencias. Cuando el problema explota, el daño ya está hecho.
Por eso el debate no debería centrarse exclusivamente en la edad legal, sino en la responsabilidad compartida. Plataformas que asuman su papel, familias que recuperen autoridad educativa y administraciones que inviertan en prevención real, no solo en titulares.
La noticia de la Cadena SER evidencia algo importante: la sociedad está preparada para hablar seriamente de este asunto. Ya no se trata de demonizar la tecnología ni de idealizarla. Se trata de entender que el móvil no es un juguete neutro, sino una herramienta con impacto directo en el desarrollo psicológico y social de los menores.
¿Y tú qué opinas?
